Una medida de fuerza iniciada este martes (15.04.2025) por el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) ha generado gran preocupación en los sectores vinculados al comercio exterior. El paro, que se extenderá hasta este miércoles a las 19 horas, se repetirá el 29 y 30 de abril como parte de un plan de reclamos.

Frente a este escenario, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su preocupación ante el paro de actividades que afecta la operatoria de la Aduana en todo el país, y alertó sobre las consecuencias negativas que esta medida genera en el desarrollo del comercio exterior argentino.

A través de un comunicado, la entidad advirtió que “la medida de fuerza en curso impacta negativamente sobre las operaciones de importación y exportación, generando demoras, sobrecostos e incertidumbre en sectores clave de la economía”.

Según lo informado, la paralización de actividades provoca la reasignación de turnos en las terminales de carga, tanto portuarias como aéreas, con el consiguiente incremento de costos logísticos. Asimismo, se observan “incumplimientos en los plazos de embarque que afectan la confiabilidad del país como proveedor internacional”, y “retrasos en la desaduanización de insumos críticos para la industria local”, lo que puede repercutir directamente en la producción.

Desde la CAC remarcaron que “este tipo de acciones resultan especialmente inoportunas en momentos en que la Argentina avanza hacia una mayor apertura e integración al mundo”, en referencia al reciente proceso de liberalización del mercado de cambios.

Además, la entidad alertó que la continuidad de la medida podría “generar impactos adversos en los precios de productos importados, dificultando la tendencia a la baja de la inflación que el país ha registrado en el último año”.

Por todo lo expuesto, la CAC hizo un llamado a las partes involucradas para que “canalicen sus reclamos a través del diálogo, evitando medidas de fuerza que perjudican el desarrollo económico del país”.

Finalmente, propuso que “se evalúe declarar a la actividad aduanera como servicio esencial”, con el fin de “garantizar su continuidad operativa y evitar nuevos perjuicios al comercio exterior”.