La industria vitivinícola de Cuyo enfrenta una crisis sin precedentes debido al desplome de las ventas en el mercado interno, agravado por una elevada presión fiscal que afecta principalmente a pequeños y medianos productores de vino. La situación es particularmente grave en Mendoza, la provincia líder del sector.

Allí sucede que la reducción del consumo refleja el deterioro del poder adquisitivo de los argentinos. Al no ser considerado un producto esencial, como la carne o la leche, la baja en la demanda del vino se ha sentido con mayor intensidad.

Los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura
Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en los primeros nueve meses de 2024 el consumo per cápita en Argentina alcanzó los 12 litros, lo que representa una caída del 1,9% respecto al mismo periodo de 2023, cuando se situó en 12,24 litros por persona. Las proyecciones para 2025 indican una disminución aún mayor, impulsada por la contracción del mercado y el bajo nivel de ventas registrado en lo que va del año.

Sin embargo, la problemática no se limita solo al consumo. Las pymes agroindustriales atraviesan una situación crítica debido a una carga impositiva asfixiante y un incremento sostenido de costos, incluyendo tarifas y precios de insumos dolarizados.

Esto llevó a muchos productores a operar con rentabilidad nula o negativa, afectando principalmente a los eslabones más débiles de la cadena de producción y profundizando la crisis.

Este contexto también ha propiciado un aumento en la competencia de las importaciones, lo que coloca al sector en una situación de vulnerabilidad. La referencia de precios, determinada por la posibilidad de importar vinos, especialmente desde Chile, perjudica a los productores locales, ya que estos productos llegan al mercado con valores inferiores a los costos de producción nacionales, incluso dentro de Mendoza.

Declaraciones de Alfredo Cornejo
En relación con la problemática, desde La Unión Mendocina (LUM), espacio opositor al gobierno de Alfredo Cornejo, expresaron: “Al haberse derogado el marco legal que protegía los abusos de posición dominante, como la ley que impedía vender sin contratos escritos, hoy vemos que los productores han entregado sus uvas sin conocer ni el precio ni las condiciones de pago. Ante esto, el Gobierno provincial no toma ninguna medida”.

Asimismo, alertaron sobre la crítica situación de los viñedos: "Muchos productores están arrancando sus viñas por falta de rentabilidad. Lo mismo ha sucedido con el tomate, que ahora se importa, al igual que la uva".

En LUM profundizaron su análisis y cuestionó las prioridades del gobierno provincial: "Desde el inicio de la gestión de Alfredo Cornejo hemos observado que su estrategia apunta a modificar la matriz productiva de la provincia, promoviendo un modelo de minería a gran escala, dejando en un segundo plano la producción vitivinícola. Como consecuencia, no se implementan regulaciones sobre los productos importados, no existen incentivos para la producción local y los caminos rurales se encuentran en condiciones deplorables. Aquellos que no cuentan con respaldo financiero para enfrentar tantos obstáculos están en riesgo de desaparecer como productores vitícolas".

Al respecto, Jorge Difonso, diputado provincial de ese espacio, remarcó que el productor viñatero "primero financia al Estado nacional con el 21% que aporta en cada uno de sus insumos".

A eso, consideró, hay que agregar que también "financia al bodeguero, cuando le entrega la uva sin precio y a cobrar en varios meses posteriores y sin ningun tipo de actualización".

"El productor tuvo que soportar el aumento de los insumos como así también el aumento en las tarifas de energía y agua; también siempre está sujeto a la importación del mismo producto de otro lugar a menos costo", precisó.

Acto seguido, el legislador dijo a ese cóctel se le suma ahora la intención del gobierno de Cornejo de "de imponer un nuevo Código de Agua, que le quita la inherencia del agua a la tierra, lo cual le disminuye el valor inmobiliario".