Sofía Diamante

La construcción del oleoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro e implicará una inversión de US$3000 millones comenzó hace menos de dos meses y ya tiene una polémica. Sucede que la provincia gobernada por Alberto Weretilneck les pidió a las empresas cobrarles una regalía de entre 0,5% y 1% por las exportaciones generadas, pese a que el recurso se extrae de Neuquén. Si bien el impacto económico en el proyecto no es significativo, de entre US$22 millones a US$46 millones por año, causó malestar en las empresas el cambio en las reglas de juego una vez iniciada la inversión.

El Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) tiene como principales accionistas a YPF, Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina. El proyecto pidió al Ministerio de Economía adherirse al régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI), que si bien todavía no fue aprobado, se descarta que eso sucederá próximamente. El oleoducto, que ya comenzó a ser construido, tendrá una extensión de 437 km, una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenaje en la zona de Punta Colorada, en Río Negro. Se espera que esté operativo en el cuarto trimestre de 2026, cuando empiece a transportar 180.000 barriles diarios.

Uno de los atributos que ofrece el RIGI, además de beneficios fiscales y exenciones impositivas, es que las provincias que se adhieren a la ley nacional 27.742 –como hizo Río Negro al poco tiempo de que fue aprobada en el Congreso–, no podrán crear tributos adicionales a los que había cuando se presentó el proyecto. Es por esta razón que Río Negro comenzó negociaciones informales con las empresas, en vez de imponer el tributo, como adelantó el portal Econojournal.

La situación generó malestar en las empresas por varias razones. En primer lugar, porque Río Negro no planteó esta posibilidad cuando competía con Buenos Aires por atraer la inversión de las petroleras. De hecho, el gobernador Weretilneck se presentó en un almuerzo del Club del Petróleo y les habló a los empresarios sobre el “mini RIGI” provincial, que ofrecía adicionalmente la exención del pago de impuestos locales, como Ingresos Brutos y Sellos, por 10 años (ley provincial 4618).

La legislatura de Río Negro, además, modificó una norma local anterior que prohibía usar su espacio del océano Atlántico con fines hidrocarburíferos. Este cambio habilitó la opción de instalar el puerto para las exportaciones de petróleo y de gas natural licuado (GNL) en territorio rionegrino.

“En su momento, Río Negro hizo todo lo posible para que los proyectos se instalaran en esa provincia y ahora que ya empezaron a tirar los primeros caños, piden esta regalía. Es decir, la provincia mueve el arco y más adelante podría hacer lo mismo con el proyecto de GNL. Río Negro además tiene pendiente todavía un último permiso necesario para hacer la obra del puerto. El problema es que ellos ven que va a pasar por el subsuelo una fortuna de dinero y no van a cobrar nada por eso de manera directa, pero esto va a generar un impacto económico importante para la provincia, con generación de puestos de trabajo. Además, si las empresas acceden ahora a pagar el 0,5% de alícuota por regalías, nadie garantiza que en cinco años no sea el 5%, como sucedió con Ingresos Brutos. El tema es más el concepto que la alícuota en sí”, dijo un referente del sector al tanto de las negociaciones.

La situación tampoco es la misma para las empresas locales que para las internacionales (Chevron y Shell), que tardaron más tiempo en ingresar al proyecto por todos los permisos que necesitaban validar con sus casas matrices. Ahora, en caso de avanzar con el nuevo gravamen, deberían explicar por qué se modificaron las condiciones en tan poco tiempo y garantizar de alguna manera que el cambio en las reglas de juego no se repetirá.

Otro tema no menor es que, de acceder al cobro de hidrocarburos por el servicio de transporte (midstream) y no solo por la extracción del recurso, se podría generar un precedente para futuros proyectos, sobre todo teniendo en cuenta que si Vaca Muerta sigue creciendo, seguramente será necesario la construcción de más ductos. “No existe el cobro de regalías por el transporte, por la logística de petróleo. Esto va en contra de lo que promueve el RIGI, que es dar beneficios fiscales y quitar trabas para que las empresas hagan inversiones”, dijeron en una petrolera en reserva.

En la gobernación de Río Negro dijeron a LA NACION que no harán comentarios porque “se está charlando el tema y hay negociaciones en curso”. Ayer por la tarde hubo una reunión de las empresas accionistas para debatir el tema en la torre de YPF, en Puerto Madero, y se instruyó al presidente y CEO de la petrolera con control estatal, Horacio Marín, a encontrar una solución. Lo más probable, dicen en el sector empresario, es que se termine negociando el pago de un bono para mejorar la infraestructura de la provincia o para realizar inversión social por un plazo de tiempo, pero el daño ya está hecho. “La provincia no dimensiona lo que significa esto para las empresas”, dijo otra de las compañías involucradas.

En lo que se refiere propiamente al RIGI, el artículo 202 da una estabilidad tributaria amplia y dice que los nuevos impuestos que se creen a partir de la fecha de adhesión al RIGI no serán aplicables. “Bajo las disposiciones de la ley 27.742 y la norma provincial 5724 de Río Negro, la pretensión de imponer un impuesto a las exportaciones es de dudosa legalidad. Aún más, tampoco es claro que la provincia pueda gravar exportaciones, potestad que es de la Nación. Las provincias, como titulares del recurso, tienen derecho al cobro de una regalía, que difiere de un derecho de exportación”, dijo Javier Constanzó, abogado especializado en el sector energético y socio del estudio Tavarone Rovelli Salim & Miani.

Además, la propia ley nacional de Hidrocarburos dice en su artículo 59 que las regalías hidrocarburíferas son el único medio por el cual las provincias pueden participar de los recursos concesionados.