Por EMILIANO GALLI

La razón no sólo radica en que se trata de un control natural del organismo fiscal. Sino en los perjuicios que se vislumbran y que responsabilizan -y lo hará más en el futuro- al organismo de la calle Azopardo.

Los agravantes saltan a la vista. A principios de mes, el diputado Julio César Martínez (UCR-La Rioja) giró a la Comisión de Economía un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo que informe las DJAI aprobadas desde enero de 2013 (con los nombres de los despachantes, los importadores y la posición arancelaria del producto), otro listado de aquellas que hayan sido registradas con la ventaja informática de importaciones que no se realicen a título oneroso ("IMPONOTITONEROSO"), así como también el valor declarado en Aduana de éstas.

Además reclama: que la Aduana informe si permite registrar importaciones (cuyo destino es la donación) documentadas con DJAI y la ventaja IMPONOTITONEROSO (y en este caso, pide también listado completo además del valor declarado); que diga si aceptó certificados de donación sin visado consular y si participaron inspectores en la liberación a plaza para comprobar el destino de la mercadería, y que, por último, explique por qué esas importaciones no se tramitaron bajo el régimen que exime la presentación de DJAI, obliga a la presentación de visados y la comprobación de destino.

En la Secretaría, muchos despachantes argumentan ante una DJAI observada que se trata de una importación no onerosa. Explican: "donación". Obtienen las DJAI y se aprovechan del funcionario que ignora que no es necesario una DJAI para, por ejemplo las donaciones.

Pero no serían donaciones. Sería contrabando. Frente a los ojos de la Aduana. Y constan casos de asociaciones civiles sin fines de lucro que tramitaron donaciones y que, una vez nacionalizadas, las comercializaron en el mercado interno, burlando el fin benéfico por el cual gozaron de los beneficios administrativos.