Bajo la consigna de agilizar el control de las importaciones, a través de la resolución 17/2025, la Dirección General de Aduanas (DGA) excluyó del proceso de control a los representantes del sector privado que participaban en calidad de "observadores".

La medida que lleva la firma de José Andrés Velis, titular de la DGA, deja sin efecto normativas previas que habían conformado "un sistema de participación de las cámaras, federaciones y asociaciones representativas de las actividades sectoriales, en carácter de observadoras".

La responsabilidad de estas personas, en representación del sector privado, se trasladaba a la verificación física de las mercaderías con destinación de importación, cuando se les haya asignado canal rojo de selectividad y establecían su instrumentación mediante el Sistema Informático MALVINA (SIM).

Según los argumentos oficiales, el mecanismo "provocaba dilaciones innecesarias durante el trámite de despacho" y "se ha advertido una baja o nula concurrencia de los sectores beneficiados, con la consecuente generación de demoras y extracostos asociados al circuito operativo oportunamente implementado".

Las nueva desregulación se alinea con la derogación de las resoluciones 701/99 y 799/2000 de ARCA, que estipulaban que los organismos representantes de cada sector debían tener un "veedor" en Aduana. Asimismo, con anterioridad, se eliminaron los valores de referencia para la exportación y el "estampillado".

"Más rentabilidad al sector privado, más transparencia y menos corrupción en el sector público", destacó Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

En relación al proceso de desburocratización del comercio exterior, Sturzenegger explicó que se busca "favorecer la fluidez del comercio exterior, la rápida salida de Aduana de mercaderías y la reducción de costos para los operadores". "Con su derogación damos de baja un símbolo de la casta que el presidente Javier Milei vino a desterrar".

Desde el sector industrial, alertaron que la eliminación de controles aduaneros en un contexto de baja de aranceles para el ingreso de productos textiles, calzado, entre otros bienes de consumo, genera competencia desleal y ponen en riesgo la producción y empleo nacional.