El Gobierno argentino informó que tiene decidido avanzar por la privatización de la operación de las rutas nacionales concesionadas, actualmente a cargo de la empresa estatal Corredores Viales. La medida, confirmada por el portavoz presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa, busca transferir la gestión y mantenimiento de estas rutas al sector privado. El objetivo es reducir el déficit operacional de la empresa estatal, que asciende a 30 millones de dólares, y mejorar los estándares de operación que, según el Ejecutivo, no fueron alcanzados.

Las rutas nacionales juegan un rol fundamental en el transporte de mercancías a nivel interno y para el comercio exterior, conectando centros productivos con puertos, fronteras y centros de distribución. Según estima el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el ahorro que generará para el Estado que generará la medida es de 5.600 millones de dólares, un monto que podría redireccionarse a otras áreas clave.

Más allá del ahorro que podría generar la privatización, esta medida puede impactar en la logística nacional, en los costos de transporte y los tiempos de entrega de productos destinados tanto a exportaciones como a importaciones.

Proceso de licitación
El proceso de licitación se realizará en dos etapas, comenzando en diciembre de 2024 con la convocatoria para licitar dos tramos del corredor 18, cuya concesión vence en abril de 2025. En una segunda instancia, en febrero de 2025, se licitarán 8.648 kilómetros de rutas distribuidos en doce tramos. Estos representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito de transporte pesado y de carga.

Las empresas que deseen participar en la licitación, ya sean nacionales o internacionales, deberán presentar los seguros requeridos para ejecutar el servicio de manera eficiente. El Gobierno busca garantizar que la concesión se otorgue a las empresas que puedan cumplir con los estándares de operación y mantenimiento.

Impacto en la logística y el comercio exterior
El transporte de bienes a través de las rutas nacionales es un eslabón clave en la cadena logística de exportación e importación en Argentina. La eficiencia en la operación y mantenimiento de estas rutas tiene un impacto directo en los costos logísticos, que representan un componente significativo para las empresas exportadoras e importadoras.

Un aumento en las tarifas de peaje, derivado de la privatización, podría generar un incremento en los costos operativos de las empresas de transporte, afectando la competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales.

En contrapartida, una mejora en la infraestructura vial, gracias a la inversión privada, podría reducir los tiempos de transporte y mejorar la seguridad de las rutas. Estos beneficios podrían traducirse en un aumento de la eficiencia logística, particularmente en sectores como el agroindustrial y automotriz, que dependen de una red vial en óptimas condiciones para movilizar grandes volúmenes de productos hacia los puertos de exportación.

Precedentes y desafíos
La privatización de rutas en Argentina no es un concepto nuevo. A principios de la década del 90 se privatizaron rutas nacionales mediante un esquema de concesiones, lo que permitió que distintas empresas pudieran cobrar peajes mientras que también se hicieron responsables del mantenimiento de los caminos.

Luego, en el 2001, tras la caída del régimen de convertibilidad y pesificación de los peajes afectó la ecuación económico financiera de las empresas, y la falla en la renegociación de los contratos derivó en que varias de ellas iniciaran reclamos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Los contratos suscritos en la década del 90 vencieron en 2003. Desde entonces, hasta el 2015, aplicó un sistema mixto de cobro privado de peajes y obra pública. Luego, el Gobierno que tuvo fin en el año 2019, intentó -sin éxito- implementar proyectos de participación público privada y en 2019 comenzó a operar la estatal Corredores Viales, como concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales argentinas.

Ahora, el Gobierno apuesta por una privatización que permita mejorar el estado de las rutas y, en consecuencia, beneficie a la logística del país y permita una avance en la competitividad de los productos argentinos en el exterior.