Texto Gabriela Origlia

Los biocombustibles ganan terreno en el mundo en el contexto de la transición energética. La Argentina, que tiene en debate una nueva ley para para aumentar la mezcla interna, tiene una capacidad industrial instalada ociosa del 70% para producir biodiésel en base a soja; en el caso del etanol (el insumo es caña de azúcar o maíz) es del 20%.

Las exportaciones se concentran en el biodiésel; con el mercado estadounidense cerrado, cubren el cupo fijado por la Unión Europea (UE) que tiene precio mínimo. La mirada de todo el sector está en la producción de combustibles sustentables para aviones. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) tiene el objetivo “emisión cero” para 2050 con lo que la demanda se disparará y la oportunidad para la Argentina es “muy significativa”, definen los expertos.

La proyección es que en 30 años las aéreas demandarán 449 millones de metros cúbicos de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) que equivale a 2,7 veces de los bios que hoy produce el mundo. El SAF no es un solo producto, sino un conjunto de base sostenible: los más conocidos en la actualidad son el Hefa, generado con aceites vegetales en presencia de hidrógeno y catalizadores y el Alcohol to Jet, elaborado a partir del etanol.

Pedro de la Fuente, responsable de Negocios Externos y Sustentabilidad de Iata, señaló a LA NACIoN que mantuvieron reuniones con la Subsecretaría de Transición Energética de la Argentina y que coordinaron para “avanzar” con mesas de trabajo que permitan definir junto al sector privado las regulaciones necesarias. “El país tiene los recursos, por lo que el potencial es enorme”, definió.

El especialista internacional en biocombustibles y energías renovables, Agustín Torroba, advirtió que el principal desafío es lograr un solo estándar internacional “basado en la ciencia”. En el caso particular de la Argentina, ratifica el “potencial enorme” para producir SAF: “Es el principal exportador de aceite de soja del mundo; tiene una capacidad de crushing de soja de 70 millones de toneladas; exporta 35 millones de toneladas de maíz y es marginal lo que se usa para etanol. Es decir, tiene materias primas abundantes, económicas y sostenibles y cuenta con la experiencia de exportar bioetanol y biodiesel certificados”.

El país debe apostar a producir SAF y no a venderle materia prima a los que fabriquen. El presidente del Centro Azucarero de la Argentina, Jorge Feijoo, reitera que es el SAF el que abre “grandes posibilidades” y menciona que ya Paraguay tiene un proyecto; en Uruguay hay una inversión prevista de US$6000 millones y Chile lleva tres años trabajando en una iniciativa, “aun cuando no tiene materia prima”.

Destaca, además, que es la “primera vez” que un biocombustible que “no nace del mandato del Estado sino que es una demanda de las empresas privadas; son las compañías aéreas las que coordinaron la meta”. Menciona que Embraer ya cuenta con un avión para uso agrícola que funciona 100% a etanol, mientras que el resto de sus modelos ya puede operar con 25% de SAF.

Para producir SAF se requieren inversiones muy importantes, para las que podría colaborar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Torroba cuantifica que una refinería con aceite de soja (Hefa) necesita entre US$1000 millones y US$1200 millones para un millón de metros cúbicos, mientras que un módulo para Alcohol to Jet insume unos US$500 millones para 300.000 metros cúbicos. “Necesitamos, por un lado, que haya un solo estándar global y, además, que el país avance con políticas públicas que incentiven esta producción”, añade.

Biodiésel en debate

Las plantas integradas de producción de biodiésel, con capacidad de fabricar hasta 3,9 millones de toneladas al año, están concentradas en Santa Fe. Por la ley de 2006, no pueden vender al mercado interno, solo exportar. Desde entonces al consumo doméstico solo lo atienden, a través de un sistema de cupos, las Pymes y las empresas grandes no integradas (se especializan solo en un eslabón de la producción).

En el primer trimestre de este año directamente nose exportóbiodiés el porque no es competitivo ya que entra a la UE con un precio mínimo que compite con el producido allí y con el elaborado a partir de aceite de palma. Los precios entre diciembre y marzo dejaron al país fuera del mercado.

En 2023, se exportaron US$348,1 millones en biodiésel, una contracción interanual de 80,7% (el valor más bajo en 16 años), mientras que se despacharon 284,6 miles de toneladas, una caída interanual de 76,7%.

Estados Unidos y la UE establecieron una serie de medidas restrictivas. En el primer caso, el mercado -al que las ventas nacionales habían alcanzado los US$1200 millones- sigue cerrado; en el 2021 la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos ratificó los aranceles.

Luis Zubizarreta, presidente de la de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), sostiene que es un mercado “complicado de reabrir porque el farmer americano se involucró”. La historia comenzó en 2016 cuando los productores de biodiésel estadounidenses reclamaron represalias contra la Argentina por considerar que había dumping.

En 2012 la Comisión Europea abrió investigaciones sobre el bio argentino por presunto dumping y un año después le impuso aranceles. En 2016 la organización Mundial de Comercio (oMC) falló a favor de la Argentina que reinició sus exportaciones con cuotas. “Se están venciendo y viene la revisión de cinco años; la última vez impusieron duties que esperamos que desaparezcan”, plantea Zubizarreta.

El ejecutivo insiste en que “el gran desafío y la gran ventaja es que la Argentina podría producir SAF con escala y distribuir en el mundo; estamos en los albores de una industria nuevay,sihacemosbienlascosas,somos un gran candidato a ser líderes”.

Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), está convencido de que, el país tiene “con qué ser un actor protagonista” en el mundo. Hace falta, enumera,

Las compañías de aviación usarán cada vez más el Combustible de aviación Sostenible (SaF)

“una macro estable, previsibilidad, ordenamiento fiscal, certidumbre de tipo de cambio, costos logísticos y energéticos. Eso en lo estratégico”. En lo coyuntural, advierte que hay una discusión de precios, que el Gobierno “fija por debajo de los costos de producción, lo que esperamos que se resuelva, porque esta administración plantea que el control no es el mecanismo”.

Las Pymes reunidas en Cepreb rechazan las regulaciones que impulsa la provincia de Santa Fe para el biodiésel: “Le harían perder decenas de miles de toneladas para que produzcan las grandes. Lo clave es el aumento del corte para el mercado doméstico; si se amplía las integradas se podrían sumar pero entrando al aumento extra, no comiendo el cupo de las Pymes”. Martelli indica que las compañías medianas y chicas “no están preparadas para exportar; no podrán competir por precio y por volumen. No disputan ese mercado, sí a la inversa”.

La Cepreb se opone al proyecto de ley de la denominada “liga bionergética” (Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Tucumán y Salta) por considerar, entre otros aspectos, que “impulsa una competencia desleal” entre Pymes porque pretende un sistema de licitaciones entre empresas no integradas para que compitan por el cupo a producir, “siendo que por costos logísticos las compañías que están cerca de la materia prima -Puerto de Rosariotienen una ventaja decisiva que les permitirá ganar la amplia mayoría de licitaciones”.

“Beneficia a aquellas empresas que hicieron inversiones para exportar pero que al verse hoy imposibilitadas de hacerlo por temas de competitividad, pretenden ingresar al mercado interno, en desmedro de empresas que invirtieron exclusivamente para ese segmento ”, añade.

Mientras en el mundo, en la última década, se duplicó el uso de bios, la Argentina retrocedió. Con la ley sancionada en 2006 y que rigió hasta mediados de 2021 la mezcla del biodiésel de soja con la nafta era de 10% y con la reforma cayó al 5%. Un año después por el faltante de combustibles, se aumentó a 7,5%. El uso de etanol quedó en 12% con la posibilidad de una merma a 9%.

Víctor Castro, director ejecutivo de Carbio, es muy crítico de la ley en vigencia. Entiende que “condena a las intermedias y no deja entrar a nuevas. El marco regulatorio actuó en detrimento del sector; como país vamos asumiendo compromisos de reducción de emisiones y vamos para atrás con los cortes”.

Buen punto de partida

Director y Fundador de Energy & Environmental Consulting Services, Jorge Hilbert, enfatizó que el país cumple con todas las condiciones de producción exigidas por la UE: “Seguimos aumentando la eliminación de emisiones, sobre todo en etanol por la sinergia entre plantas de biogas y etanol que bajan hasta 20% las emisiones. No vemos limitantes en lo que hace a las exigencias ambientales”.

Respecto de las posibilidades de producir combustibles sostenibles para la aviación, coincide con los otros especialistas que remarcan las condiciones positivas para vender suministros a la cadena, mientras que el “desafío latente es el de encarar la producción” a nivel local. “Hay inmejorables condiciones para insertarse”, reitera.

Advierte que en la coyuntura en materia de bioenergía el país atraviesa una situación de amesetamiento del que hay que salir teniendo en cuenta, por ejemplo, que solamente las compañías de aviación en el 2030 van a demandar la totalidad de la producción actual de biocombustible en el mundo por lo que el mercado se expande hacia otras fuentes de materias primas, como la colza o la carinata.

En su análisis del mercado doméstico, el experto señala que “se insiste con leyes erradas, en las que se sigue peleando por cupos de mercado o cortes en vez de ir al esquema de Brasil o de Estados Unidos, donde los gobiernos fijan un target decreciente de emisiones de carbono y la industria petrolera baja sus emisiones pero también debe comprar créditos. De esa manera se crea un sistema ganar-ganar que ya ha sido probado con éxito en buena parte del mundo”.

Hilbert está persuadido de que en la Argentina no hay, para el sector de los biocombustibles, una política de largo plazo. “Se requiere de consensos. No los hay en la propia industria; hay peleas intestinas entre grandes y chicos, las que no quieren o no pueden hacer inversiones permanentes para reducir emisiones. Esos son los requerimientos de los mercados externos; la Argentina no tiene esas exigencias. No hay una visión superadora en este sentido”