Dólar, importaciones y tarifas. Desde julio de 2020, Argentina no experimentó una inflación menor al 2% mensual. Ese mes, el índice marcó el 1,9%, pero desde entonces los niveles de inflación fueron persistentes y elevados.

La administración de Javier Milei estableció como uno de los principales objetivos lograr una inflación mensual de no más del 2% para el próximo verano.

Según el Ejecutivo, este objetivo será alcanzado a través de una serie de medidas que apuntarán a mantener un superávit fiscal robusto, el cual se considera fundamental para estabilizar la economía.


Devaluación
Uno de los aspectos clave de este plan es el control de la devaluación del peso frente al dólar. Milei anticipó que, si la inflación se mantiene alrededor del 2,5% durante tres meses consecutivos, el Gobierno comenzará a desacelerar la tasa de devaluación del peso, que actualmente se encuentra en un 2% mensual. "Inducida por el programa económico", como el presidente interpreta, esta desaceleración podría ser implementada a partir de enero de 2025, reduciendo la devaluación al 1% mensual. Esta medida tiene como objetivo que los precios de los productos suban más lentamente, en un esfuerzo por controlar la inflación de manera gradual.

Cambios en impuestos, importaciones y medidas sobre el dólar

En cuanto a la política fiscal, el Gobierno tiene previsto que a fin de año termine el impuesto PAIS, que desde diciembre de 2019 grava con un 30% las compras de moneda extranjera, y desde julio de 2023 aplica una alícuota del 7,5% sobre las importaciones de bienes.

Sin embargo, la conducción económica aún no presupuestó un reemplazo para estos ingresos fiscales. Aunque las autoridades están discutiendo posibles opciones, uno de los temas en debate es si se implementará un cargo adicional para los turistas que paguen con tarjeta en el exterior. La eliminación de este impuesto es una de las señales de la apertura comercial que el Gobierno está impulsando, buscando fortalecer el acceso de los consumidores a bienes más baratos provenientes del extranjero.

En paralelo, esta semana la Secretaría de Comercio e Industria anunció una flexibilización de las restricciones para las importaciones "puerta a puerta", permitiendo un límite de hasta 3.000 dólares por envío, con la eliminación de aranceles hasta un tope de 400 dólares. Esta medida, según las autoridades, busca generar una reducción en los precios de los productos importados del exterior, lo que beneficiaría a los consumidores argentinos. En términos prácticos, se espera una baja del 27,5% en los precios de estos productos, ya que solo se aplicará el IVA del 21%, frente a los 67 dólares de impuestos que se pagaban previamente por cada 100 dólares importados.


Revisión de tarifas y el impacto en los servicios públicos
Otro componente importante de la estrategia económica es la política de tarifas y los precios regulados en los sectores de energía y transporte. Tras una significativa actualización de tarifas que se inició en mayo de este año, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que busca anclar las expectativas de inflación, después de un largo período en el que los valores quedaron muy desactualizados.

Si bien se anunció una revisión tarifaria integral y quinquenal, que incluirá un mecanismo para asegurar ingresos a las empresas de servicios públicos a cambio de un compromiso de inversión y mejoras en la calidad del servicio, Economía dejó claro que no validará todos los pedidos del sector privado.

Según trascendió, si el Gobierno aceptara todos los aumentos solicitados por las empresas, las facturas de los usuarios podrían subir hasta un 30% más. Esta medida se implementaría justo cuando se espera una reducción de los subsidios, y el Gobierno se enfocará en otorgar ayuda exclusivamente a los sectores más vulnerables de la población a través de tarifas sociales.


Riesgos
"La apertura comercial se identifica desde el Gobierno como baja de precios, acceso de los consumidores a bienes más económicos. El riesgo es que empiece un boom de importaciones y que eso presione la balanza comercial y al tipo de cambio mediante aumento en la demanda de dólares. Es un lujo que se pueden dar porque hay cepo", afirmó Haroldo Montagu, economista Jefe de la consultora Vectorial.

Sin embargo, la estrategia económica del Gobierno no está exenta de riesgos. Desde la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) advirtieron que desacelerar la tasa de devaluación al 1% podría generar problemas en el mediano plazo, ya que podría atrasar aún más el tipo de cambio y afectar la competitividad del país. "Para el mediano plazo sigue siendo un interrogante qué modelo productivo podría ser resiliente a un esquema de mayores importaciones, financiadas con entrada de capitales", señalaron los analistas de LCG.

Además, advirtieron que este proceso de ajustes podría afectar negativamente al empleo, generando tensiones sociales y debilitando la legitimidad del Gobierno si la transición no es ordenada. (Con información de Clarín)