Néstor O. Scibona
Si no fuera porque el gobierno de Cristina Kirchner tiene predilección por ocuparse de los efectos antes que por las causas de los problemas, o bien porque interpreta a la economía como una permanente lucha entre "buenos" y "malos" (Estado vs. sector privado), la reciente creación de la "Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones del Comercio Exterior" (Ustoce) no tendría demasiada razón de ser.

El verdadero problema es que las exportaciones argentinas vienen cayendo, tanto en volumen como en valor y en los primeros nueve meses de 2014 acumulan una baja de 10,4% con respecto al mismo período del año pasado. Las causas son múltiples. Por un lado, han retrocedido los precios de los commodities (petróleo, soja, trigo), como reflejo de la apreciación del dólar frente a otras monedas, que también afecta a los productos agroindustriales y, en general, a todo el comercio exterior argentino. Por otro, el bajo crecimiento económico de Brasil y la reciente devaluación del real (18%), redujeron la demanda brasileña de productos argentinos, a tal punto que el comercio bilateral se contrajo 22% hasta octubre, con caídas de 16,3% en las ventas hacia el país vecino y de 27% en las compras, con lo cual se registró un saldo prácticamente equilibrado (negativo en 383 millones de dólares) y 85% más bajo que el de los primeros diez meses del 2013.

Tanto o más importante que los factores anteriores es que la mejora cambiaria real producida por el aislado salto devaluatorio de enero (23%, sin ningún plan económico por detrás) ya quedó totalmente diluida a raíz de la mayor inflación y la consiguiente suba de costos internos. De ahí que, a diferencia de lo que indica la experiencia, esa devaluación no permitió mejorar las exportaciones sino que produjo el resultado opuesto. Entretanto, la brecha entre el dólar oficial y sus cotizaciones paralelas, blancas o negras (contado con liquidación, dólar Bolsa y blue) oscila actualmente entre 50 y 60% pese al retroceso de 15/20% que estas últimas registraron en los últimos 45 días plagados de inspecciones y operativos policiales.

Es cierto que este contexto, junto con el cepo cambiario que lleva tres años de vigencia, puede estimular maniobras de subfacturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones para fugar divisas ilegalmente. Sin embargo, aunque nadie se arriesgue a poner las manos en el fuego para afirmar que eso no ocurre, en el sector hay consenso de que, en todo caso, se trata de operatorias marginales y restringidas, que no alcanzan a explicar el deterioro del superávit comercial de este año y que, con suerte, apenas alcanzaría los 7000 millones de dólares, el valor más bajo de toda la era K. El argumento que esgrimen desde el sector privado para negar la magnitud de aquellas maniobras, es que la Aduana impone valores de referencia a los principales productos de exportación e importación y, además, proliferan controles cruzados por parte de distintas reparticiones oficiales.

Aquí es donde entra en escena la Ustoce, que dependerá del Jefe de Gabinete, a quien deben reportar la Secretaría de Comercio, la AFIP, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En la práctica, la creación de dicha Unidad significa restarle poder al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray (de quien depende la Aduana) para concentrarlo en Jorge Capitanich o en quien vaya a sucederlo en el futuro. En este sentido, no faltan quienes imaginan al propio Axel Kicillof para culminar en 2015 su gestión en ese puesto. No obstante, en el Palacio de Hacienda se limitan a explicar que el propósito es unificar controles y que "a nadie se le pase ninguna operación sospechosa".

Aún así, esta última definición implica convalidar lo que los abogados identifican como inversión de la prueba: todas las empresas exportadoras o importadoras pasarían a ser sospechosas hasta que demuestren lo contrario. Ya lo saben de sobra las compañías que exportan a través de traders y no directamente a usuarios finales, a las cuales la AFIP incluye en una categoría que la habilita a postergar sin plazo el pago de reintegros de IVA.

Con este marco, una incógnita en el sector privado es cuánto tardará en aparecer otro caso Procter & Gamble como forma indirecta de intimidar a grandes empresas. Semanas atrás la AFIP informó en forma sorpresiva que había resuelto suspenderle el CUIT a la multinacional de origen estadounidense, acusándola de investigar presuntas maniobras de subfacturación y triangulación de importaciones por 138 millones de dólares. La drástica decisión motivó el viaje a Buenos Aires de la plana mayor de la compañía, tras lo cual la AFIP resolvió rehabilitarle el uso del CUIT. Pero hasta ahora nada se supo qué ocurrió con acusación, ni que se hayan remitido las actuaciones a la Justicia. No obstante, el episodio sirvió para que la prensa oficial y paraoficial reivindicara la consigna "Patria o Buitres" para justificar la necesidad de mayores controles en el comercio exterior.

De todos modos y más allá de los objetivos del decreto (2103/14), que dio origen a la creación de la Ustoce, esta nueva instancia de control oficial coloca el carro delante de los caballos. No sólo porque sigue la lógica de las políticas intervencionistas (donde cada control debe ser necesariamente la antesala de otros), sino porque no ataca las causas de la pérdida de dinamismo exportador de la Argentina.

La fuga de capitales prácticamente no existía en las primeras épocas del modelo económico K, que se apoyaba en tres pilares: superávits gemelos (fiscal y externo) y tipo de cambio real competitivo, que a partir de 2009 pasó a ser un recuerdo. Los superávits se transformaron en déficits gemelos y la paridad cambiaria se deterioró frente a la creciente inflación, que el Indec pasó a camuflar sistemáticamente mientras Guillermo Moreno se dedicaba a multar a las consultoras privadas que demostraban lo contrario. El cepo cambiario y los controles que proliferaron desde fines de 2011 fueron una receta equivocada que atacó los efectos y no las causas del problema, a las que entonces se sumó además el déficit energético.

El resultado de estas políticas puede advertirse en dos recientes informes elaborados por la consultora DNI, que dirige Marcelo Elizondo (ex titular de la Fundación ExportAR hasta el año 2010). Según esos estudios, entre 2002 y 2008 el crecimiento de las exportaciones fue de 172%, mientras entre 2009 y 2011 se redujo a 50%. Pero en 2012, 2013 y 2014, no podrán equiparar ni superar las de 2011, con lo cual se completarán tres años consecutivos sin igualar o superar un récord anterior, en un amesetamiento trienal que no se verificaba desde 1987. No sólo eso. Entre el 2010 y 2014 la participación de las exportaciones argentinas en el total de exportaciones mundiales se redujo del 0,46 al 0,37%. Un retroceso que no se corrige con mayores controles.