OMC - ESTADOS UNIDOS SE ENFRENTA A MILES DE MILLONES EN REPRESALIA CONTRA LAS REGULACIONES ESTADOUNIDENSES SOBRE EL ETIQUETADO DEL PAIS DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS CARNICOS

ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO
Martes, 26 de agosto 2014

Sandler, Travis y Rosenberg Informe sobre el Comercio

Los informes de prensa indican que la Organización Mundial del Comercio se
ha
pronunciado de nuevo contra las regulaciones estadounidenses sobre el
etiquetado
del país de origen de los productos cárnicos. La decisión trae los EE.UU. a
un
paso de miles de millones de dólares en sanciones de represalia contra sus
exportaciones a Canadá y México de dólares.

La Ley Agrícola de 2008 revisó las prescripciones sobre el EPO obligatorios
previos a establecer que para que un producto sea etiquetado como un
producto de
los EE.UU. todas las actividades de producción asociados con el producto
tienen
que ocurrir en suelo estadounidense o en aguas estadounidenses. Para los
productos que se producen en el mercado de América del Norte integrado, la
etiqueta debe indicar todos los países en los que una etapa de la
producción ha
tenido lugar. La Ley Agrícola de 2008 también impuso exigencias
obligatorias
sobre el EPO para cortes de músculo de carne vacuna (incluyendo ternera),
cordero, pollo, cabra y cerdo; carne molida de res, cordero, pollo, cabra y
cerdo; salvaje y de criadero de pescado y mariscos; productos agrícolas
perecederos; nueces de macadamia; nueces; ginseng; y cacahuetes.

Posteriormente, la OMC dictaminó que el Departamento de los reglamentos de
aplicación de Agricultura de Estados Unidos eran incompatibles con las
obligaciones de Estados Unidos en virtud del Acuerdo de la OMC sobre
Obstáculos
Técnicos al Comercio de la manera que se conceda a los productos importados
un
trato no menos favorable que el concedido a los productos nacionales. El
USDA
respondió mediante la revisión de sus reglamentos para exigir la
designación de
origen de los productos musculares corte cubierto derivados de animales
sacrificados en los EE.UU. para especificar los pasos de producción de
nacimiento, crianza y masacre del animal del que se deriva la carne que se
llevó
a cabo en cada país, que encontrará sobre la designación origen. La norma
también eliminó el subsidio para commingling de corte muscular productos
abarcados de diferentes orígenes.

Mientras que el USDA cree que estos cambios trajeron los reglamentos sobre
el
EPO en conformidad con las obligaciones comerciales internacionales, México
y
Canadá dijeron que "empeoraron las cosas" y se llevaron los EE.UU. de nuevo
a la
OMC para desafiarlos. Según informes de prensa, un panel de solución de
diferencias de la OMC ha fallado a favor de México y Canadá, aunque no hay
detalles está disponible todavía, porque no se espera que la decisión que
se ha
hecho público durante al menos un mes más.

En junio de 2013 Canadá emitió una lista de productos estadounidenses que
podrían ser objeto de sanciones de represalia (se espera que estén en forma
de
aranceles más elevados) si la OMC para revocar las regulaciones sobre el
EPO
revisadas y el Ministerio de Economía de México dijo que podría apuntar a
productos tales como frutas y verduras, jugos, carne, productos lácteos,
maquinaria, muebles y electrodomésticos, entre otros. Podría ser otro año o
más
antes de que realmente se imponen tales medidas, sin embargo, dado que los
EE.UU. es probable que apelar la decisión del panel.

Más de 100 legisladores estadounidenses han pedido a USDA a modificar los
reglamentos sobre el EPO para adelantarse a las sanciones, pero el proyecto
de
ley agrícola más reciente adoptada a principios de este año dejó esas
regulaciones y la disposición legal asociado en su lugar. Con el panel de
la OMC
estando ya emitió su decisión, el Congreso podría retomar el tema cuando
regrese
de su receso de agosto. No es probable que haya una mayor presión para
revocar
las normas de los exportadores agrícolas y de sus representantes, pero los
partidarios será capaz de apuntar a una decisión de 29 de julio por el
Tribunal
de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia sostiene que
el
gobierno federal tiene la autoridad para imponer las prescripciones sobre
el
EPO.