LA UIF Y LA CAMARA ELECTORAL PROFUNDIZAN SUS LAZOS A FIN DE AVANZAR EN LA TRANSPARENCIA DE LAS FUENTES DE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS

La Cámara Nacional Electoral destacó la colaboración de la UIF a fin de
avanzar
en la transparencia de las fuentes de financiación de los partidos
políticos y
campañas electorales a fin de prevenir el lavado de activos de origen
ilícito.
Además solicitó la colaboración de otros organismos y tribunales judiciales
de
todo el país.

El 19 de agosto de 2014, la Cámara Nacional Electoral dictó la Acordada
Extraordinaria N° 85 impulsando una clara política de transparencia en el
financiamiento de partidos políticos y campañas electorales.

En este sentido, la Cámara destacó el convenio suscripto con la Unidad de
Información Financiera (UIF) y la actual tramitación de acuerdos
específicos
para profundizar ese lazo de cooperación.

La acordada señala que en sus “40 Recomendaciones”, el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) ha establecido que “los países deben
asegurar
que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), las autoridades del orden público, los supervisores y
otras
autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de
políticas
como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les
permita
cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación a nivel
interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para
combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

A estos fines la Cámara solicitó además la colaboración de la
Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la
Seguridad
Social (ANSES) y la Inspección General de Justicia (IGJ); y exhortó a las
Cámaras Federales de la Capital Federal y del interior del país y a los
Tribunales Superiores de Provincia y de las Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a
informar sobre la existencia de cualquier proceso judicial en que sea parte
un
partido político reconocido, sus apoderados, autoridades o candidatos
participantes en la última elección