Camila Dolabjian

En octubre del año pasado, en medio del proceso electoral y de una volatilidad cambiaria extrema, el gobierno de Alberto Fernández encontró un chivo expiatorio. Guillermo Michel, director de Aduanas de ese entonces y ligado al entonces ministro de Economía Sergio Massa, encabezó una cacería en las “cuevas” de la City porteña que, consideraba, habían provocado la suba del dólar blue por operaciones internacionales que totalizaban US$350 millones.

Ivo “el Croata” Rojnica y Federico Pulenta fueron los apuntados por el Gobierno. Ambos quedaron imputados en la causa que tomó inicialmente Federico Vi llena. Detrás de ellos, se detuvo a una decena de personas entre las que estuvo Claudio Gabriel Szlaien, el prestamista de quien era la mano derecha de Michel (su subdirectora de Operaciones Aduaneras Metropolitanas) y actual jefa de la Aduana, Rosana Lodovico.

Durante esos meses de 2023, la Aduana realizó persistentemente operativos de allanamiento en supuestas “cuevas”, bancos y departamentos, donde fueron hallados millones de pesos. Allí se recuperaron, en manos de los agentes aduaneros, cajas de documentación que vinculaban a esa presunta organización criminal con quienes operaban a través de ella. Uno de esos habría sido, según los documentos judiciales, Szlaien, dueño de Promarlon, la empresa que le concedió un préstamo de US$250.000 a Lodovico y a su marido, también empleado de la Aduana, Luis Antonio Bocassi.

“Por el volumen de sus operaciones, es posible que la financiera Nimbus marcara el pulso del mercado del blue: en las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían ‘salto’ y tenían exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos”, difundió la Aduana, el 13 de octubre de 2023.

Pese a la cercanía de esa investigación con su rol en la Aduana, al ser consultada por por la la nacion deuda con Promarlon –que todavía no fue saldada–, Lodovico aseguró desconocer los negocios de esa empresa y a su dueño, y dijo que podría haber tomado el préstamo de esta empresa como “de cualquier otra”.

Con el cambio de gobierno, el foco sobre esta “banda criminal” se dispersó, pero un mes y 20 días después de que el juez federal Federico Villena procesó a los imputados por los delitos de lavado y asociación ilícita ytrabós obre Roj ni ca“un embargo récord en la historia penal”, por $100.000 millones, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña anuló la decisión del juez y los imputados fueron beneficiados con la falta de mérito. Se dictó su “inmediata libertad”.

Villena, en primera instancia, había sostenido que partir de los elementos probatorios recolectados se constató que la organización investigada concretó al menos 4763 transferencias de dinero por una suma de US$348.196.900. “Para ello utilizaron diferentes sociedades, ocultando el origen ilícito de los fondos puestos en circulación en el mercado”, detalló el juez en su resolución. Pero a las semanas se declaró incompetente y resolvió enviar la causa al juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La resolución de revocar la decisión de Villena apuntó a falencias en la recopilación de las pruebas y “arbitrariedad” en el proceso. “Habrá de declararse su nulidad y encomendar al juez que [...] emita un nuevo pronunciamiento que resuelva las situaciones procesales de los indagados con la celeridad que el caso requiere”, estableció el fallo del tribunal, firmado por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.

La deuda de US$250.000 fue tomada por Lodovico y Bocassi a fines de 2022, dos meses después de que Szlaien se acogiera a una moratoria para pagar las deudas ocasionadas por contrabando grave, en un proceso que tramitó en el Tribunal Oral Federal de San Martín N° 5. En ese entonces, para lograr suspender la acción penal, se requirió el visto bueno de la Aduana. Sin este, el proceso habría llegado a juicio oral, como había solicitado el fiscal.

El fallo que habilitó que se acoja al régimen de pago en seis cuotas tuvo una disidencia. La jueza María Claudia Morgese Martín dijo: “Es que, tal como fueron descriptos los hechos en el requerimiento de elevación a juicio –más allá de la calificación legal allí adoptada–, estamos frente a un proceso seguido a una supuesta organización ilícita destinada al contrabando a gran escala. Dicha figura no está comprendida en el instituto de suspensión y eventual extinción de la acción penal previsto por la ley 27.541 (y su modificatoria ley 27.562). Además, considero que la presunta intervención de funcionarios aduaneros en la maniobra común impide la suspensión pretendida”.

El viernes ingresaron dos denuncias contra Lodovico. Fueron realizadas por Marcela Campagnoli y por Yamil Santoro, por separado. El planteo de Campagnoli recayó en el juzgado de Lijo, candidato de Milei a la Corte Suprema (ver aparte).

La denuncia penal contra Lodovico quedó en manos de Lijo
La Coalición Cívica recusó al juez, cuyo hermano fue socio del cuñado de la jefa de la Aduana; el Gobierno la mantiene en el cargo

El juez federal Ariel Lijo, uno de los dos candidatos de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, recibió por sorteo la denuncia penal presentada contra Rosana Lodovico, la titular de la Aduana, por el préstamo de US$250.000 que tomó de una empresa que admitió un hecho de contrabando.

Se trata de la causa promovida por la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), que ayer recusó al juez. Un argumento central es que Alfredo Lijo, hermano del magistrado, constituyó una sociedad con el cuñado de Lodovico y también empleado de la Aduana Alejandro Omar Lucano.

El Gobierno, por el momento, mantiene a Lodovico en su cargo. “No hay ninguna determinación tomada”, dijo ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni. La denuncia de Campagnoli pide a Lodovico se la investigue por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con su cargo.

Lodovico era la segunda de Guillermo Michel, un funcionario ligado a Sergio Massa. Al llegar Milei a la presidencia, Michel dio un paso al costado y la administración libertaria ascendió a Lodovico.

Campagnoli publicó ayer en su cuenta de la red social X: “Pueden creer que la denuncia que presenté el viernes contra la titular de Aduana cayó en el juzgado del juez Lijo. Recusaremos debido a los vínculos que unen a los hermanos Lijo, un funcionario de la Aduana y la causa de la mafia de los contenedores”.

En 2018, Alfredo Lijo y Lucano crearon una empresa con sede fiscal en uno de los domicilios de Lijo, en Puerto Madero. El objeto de Frekual SA era amplio: incluía actividades inmobiliarias, incluida la compraventa de propiedades, loteo, desarrollo de proyectos y prestación de servicios de alquiler; construcción de inmuebles y constitución de prendas; como también actividades financieras tales como otorgamiento de préstamos, negociación de títulos y fideicomisos, entre otros instrumentos. La esposa de Lucano es Alejandra Marta Lodovico, también empleada de la Aduana y hermana de Rosana Lodovico.

Justamente, en la denuncia a Lodovico hecha por Campagnoli, incluyeron como posibles autores a Lucano no solamente por su posible rol en las maniobras alrededor del préstamo con Promarlon, la empresa que le concedió el préstamo de US$250.000 a Lodovico y su exmarido, sino también por esa sociedad.

“Lucano sería engranaje esencial entre los jueces federales, la Aduana y aquellos que pretenden beneficiarse”, menciona la denuncia de Campagnoli, que solicitó el levantamiento del secreto financiero. También fue denunciado Luis Antonio Bocassi (exmarido de Lodovico y jefe de la Sección Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana).

“En virtud de noticias periodísticas, hemos tomado conocimiento de maniobras posiblemente ilícitas compatibles con hechos de cohecho (dádivas) recibidos por parte de Lodovico, Bocassi a través de un ‘préstamo’ de US$250.000 que le habría hecho Promarlon SA por orden de su presidente, Claudio Gabriel Szlaien, mientras la empresa se encontraba siendo investigada por contrabando”, destacó Campagnoli.

En agosto de 2022, dos meses antes de darle el crédito a Lodovico, Szlaien se acogió a una moratoria para pagar deudas aduaneras ocasionadas por el contrabando agravado que admitió la empresa. Para poder ingresar al régimen de pago, requirió el visto bueno de la Aduana, donde Lodovico secundaba a Michel. Con los US$250.000, Lodovico compró una casa de veraneo en Canning.