HORACIO ALONSO
Editor jefe Sociedad Ámbito Financiero

Tras la avalancha de autos importados que se produjo durante el año pasado, la Secretaría de Industria comenzó a pedir a cada automotriz una garantía económica por el nivel de desequilibrio comercial que cada una tiene con Brasil. La medida fue anunciada a comienzos del año pasado pero recién ahora se lleva a la práctica, justo después del récord histórico de ingreso de 0 km desde el exterior, en su mayoría del país vecino.

La idea es que haya un reaseguro por parte del Estado para eventuales multas que deban pagar las empresas que estén excedidas en importaciones cuando se venza en 2020 el plazo del acuerdo bilateral y, también, que sirva de freno a las importaciones de autos brasileños. Concretamente, el Gobierno quiere dejar claro que hará cumplir el acuerdo a rajatabla. La notificación fue realizada la semana pasada por mail a cada empresa y en los próximos días recibirán una nota desde la Aduana para poder constituir la garantía. El período medido, en esta primera etapa, fue de junio del 2016 a junio de 2017. En esos 12 meses, el monto que deberán garantizar las terminales es de alrededor de u$s250 millones. A esto habrá que sumarle lo que se siguió descompensando en el último semestre del año pasado y lo que va del 2018. El acuerdo establece un coeficiente de intercambio entre los dos países que se denomina Flex. Implica que por cada dólar que se exporta, se puede importar u$s1,5 sin arancel. Hay 3 terminales que cumplen con ese requerimiento y no fueron notificadas. Otras siete están por arriba del 1,5 (algunas bastantes pasadas) y esperan la notificación formal para aplicar la garantía. Desde ese momento tendrán 30 días hábiles. La garantía ronda entre 1% y 2% del monto a cubrir. A fines de enero se publicó en el Boletín Oficial una resolución que estableció la fórmula de cálculo para medir el desequilibrio comercial.

La medida causa malestar entre las empresas por el impacto que tendrá en las casas matrices a la hora de definir inversiones. Además, se estima que habrá una queja del gobierno brasileño porque es una forma de frenar las exportaciones a la Argentina desde ese país. Otro de los problemas es que los auditores obliguen a las empresas a previsionar el valor de la multa lo que licuaría las ganancias.