Por Juan Diego Wasilevsky

En Tierra del Fuego deben lidiar con un doble flagelo: la fabricación de teléfonos celulares estuvo lejos de despegar en 2017 y, en paralelo, el mercado negro está comiéndoles cada vez más market share a las empresas que operan en la isla y producen bajo licencia de las principales marcas.

Según datos de Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) provistos a iProfesional, el año pasado cerró con un volumen de 10,8 millones de equipos fabricados.

Esto implicó un crecimiento de menos del 3% respecto a los niveles de 2016, cuando salieron de las líneas de montaje unos 10,5 millones de aparatos.

Así, el nivel alcanzado el año anterior está lejos del récord logrado en 2012, cuando las plantas instaladas en Tierra del Fuego habían logrado producir casi 14 millones de equipos.

Y desde AFARTE no dudan en señalar al contrabando como al gran enemigo de este desplome de los niveles de producción el posterior amesetamiento que experimentó la industria.

"El mercado negro es un flagelo que nos afecta y mucho. No sólo a las empresas de la isla sino también al Gobierno, por el daño que esto le causa al fisco", apunta Federico Hellemeyer, presidente de la entidad.

"El hecho de que los volúmenes de producción no despeguen, obedece al gran crecimiento que tuvo el ingreso de equipos a través del contrabando", apuntó el directivo.

Según AFARTE, en 2017 entraron a la Argentina nada menos que 3,2 millones de celulares por el canal ilegal.

¿Qué implicó esto? Que a través de las fronteras pasan, cada 24 horas, 8.800 dispositivos que violan las reglas aduaneras y no tributan impuestos.

Una parte de este porcentaje se explicó por los cientos de miles de turistas que viajaron a plazas como Estados Unidos, Paraguay o Chile (que igualmente viene perdiendo terreno en la preferencia de los argentinos) y luego no declararon sus compras en las aduanas fronterizas o en los aeropuertos.

Sin embargo, esta práctica no alcanza para explicar semejante cifra.

El principal caudal, aseguran desde AFARTE, obedece a operaciones de mayor envergadura, realizadas por grupos delictivos que logran ingresar importantes volúmenes de forma ilegal.

El crecimiento de este problema es inocultable: los 3,2 millones de teléfonos "truchos" implicaron un salto de 700.000 unidades respecto de 2016, equivalente a una tasa de variación del 28%.

Cabe destacar que en 2015, AFARTE había detectado la entrada de 2 millones de equipos de contrabando, mientras que en 2014 habían sido 1,5 millones.

Es decir que, en el plazo de apenas tres años, el mercado negro se expandió más de un 100% en la Argentina, mientras que en ese mismo lapso la producción apenas logró incrementarse un 12%.

Es importante señalar que los datos no surgen de estimaciones de mercado. Según Hellemeyer, las cifras "se desprenden del IMEI que poseen todos los teléfonos".

Según detalla el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), IMEI es la sigla de International Mobile Equipment Identity, que en español significa Identidad Internacional de Equipo Móvil y que consiste en un código pre-grabado de marca y modelo por el fabricante del teléfono móvil.

Dicho código identifica al dispositivo a nivel mundial y por eso, cuando en la red se conecta un equipo no registrado, las operadoras lo detectan de manera automática.

En diálogo con iProfesional, Germán Greco, gerente general de Motorola para Argentina, Uruguay y Paraguay, afirmó que "somos una de las empresas más afectadas por este mercado ilegal, ya que del volumen total que entra, 1 millón de los equipos lo hicieron con la marca Motorola".

Si bien la compañía viene creciendo a buen ritmo y se consolidó como uno de los grandes players del mercado argentino, la realidad es que el contrabando inevitablemente los golpea: en 2017, comercializaron en la Argentina 1,3 millones de unidades en el canal formal.

Esto implica que el negocio ilegal -de 1 millón de equipos con sello Motorola- ya le está robando casi el 45% de su mercado potencial.

Desde Dubai, Miami, Chile y Paraguay
En este contexto, el Gobierno sigue con atención este problema y, de hecho, implementó un trabajo conjunto con AFARTE a través de la Subsecretaría de Comercio.

La razón está en que el año pasado, el contrabando de celulares le significó al Estado una pérdida de ingresos estimada en más de $3.200 millones, en concepto de Ingresos Brutos, impuesto interno a bienes electrónicos, IVA y por los 600 puestos de trabajo que dejaron de crearse debido al mercado negro.

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Desde AFARTE señalaron que en diciembre comenzó a funcionar una mesa multisectorial para controlar el flagelo del contrabando: "Hicimos jornadas de capacitación entre los directivos de las diferentes marcas afectadas y los inspectores para detectar más fácilmente los equipos que ingresaron de manera ilegal", planteó Hellemeyer.

Según el presidente de AFARTE, hasta el momento realizaron cerca de 40 inspecciones.

En un gran operativo que se realizó hace pocas semanas en la zona de Palermo, se confiscó mercadería que no estaba en regla por un valor cercano al millón de pesos.

"Las inspecciones son importantes para desbaratar las redes que contrabandean celulares. Pero también son claves por su efecto disuasivo", apuntó Hellemeyer, quien agregó que el principal delito no está vinculado con el ingreso de dispositivos falsificados, sino que "en la mayoría de los casos son teléfonos originales, pero que fueron fabricados para otros mercados y terminaron, por la vía ilegal, siendo vendidos en la Argentina".

¿De dónde proceden estos equipos? En diálogo con este medio, el directivo de una importante marca y que pidió off the record, afirmó que "estamos hablando de un flujo de teléfonos enorme. Y esto no se explica por la entrada de equipos no declarados por los turistas que viajan al exterior. Eso, en todo caso, es marginal".

"Acá estamos hablando del crimen organizado, de mafias que todavía operan con bastantes libertades en pasos fronterizos y en el puerto de Buenos Aires", apunta la fuente.

Según el experto, se estima que más de los 60% de los teléfonos truchos que luego se venden en la Argentina son despachados desde plazas como Miami, Panamá o Dubai a través de barcos portacontenedores.

"Son distribuidores gigantes, que tienen enormes stocks y van colocándolos en diferentes partes del mundo, según la demanda. Por eso el gran volumen llega por vía marítima y aquí la Aduana todavía muestra falencias en los controles", señaló bajo estricto off the record.

"El resto llega por camión vía Chile y Paraguay", completó.

Competencia desleal
Grecio, de Motorola, señaló que en los últimos años encararon un agresivo plan comercial que les garantizó poder incrementar el nivel de share en el mercado local.

Y una de las herramientas fue la de ofrecer precios más competitivos: "Hemos bajado mucho los valores. Cuando se eliminó el impuesto interno a los productos electrónicos del 7%, por ejemplo, decidimos aplicar una baja incluso mayor. Además, pese a la suba del dólar, no tocamos los precios en pesos".

Según el directivo, "esto fue positivo y los clientes respondieron muy bien. Pero hay una realidad y es que, pese a todo este esfuerzo, es difícil competir contra el producto ilegal. No sólo para las marcas, también para los comercios, que tienen empleados en blanco y pagan cargas sociales y alquileres".

"El producto ilegal no tributa impuestos ni aranceles. No tienen gastos logísticos, ni todo el costo argentino que sí terminan afrontando las marcas que operan en regla", recalcó.

Frente a este problema, el directivo de Motorola puso como ejemplo el caso de Brasil, que avanzó recientemente con una ley por la cual, los celulares más baratos quedaron exentos del pago de IVA. "Esto ayudó a que creciera el mercado formal y la industria".

En tanto, desde la marca tecnológica que accedió a dialogar en off, uno de sus directivos fue tajante: "Es imposible competir contra un teléfono trucho. No hay manera por la abismal diferencia de costos. Es una batalla perdida. Por eso, la única forma de ganarle la pulseada al contrabando es directamente eliminando la oferta ilegal. Y vemos que el Gobierno avanza lentamente en ese frente".

Falta de acuerdo por la "lista blanca"
El consenso entre expertos y empresarios es que se lograría aplicar una dura estocada al contrabando si se avanzara con el proyecto de las "white list", que ya se viene aplicando en países como Chile, Colombia o Perú.

El sistema consiste en permitir el funcionamiento automático de los celulares autorizados -tanto los producidos en Tierra del Fuego como los importados legalmente- y bloquear aquellos que ingresaron por el canal informal.

Esto es posible dado que las operadoras cuentan con los IMEI de los dispositivos, lo que les permite filtrar y conocer el origen de cada unidad.

Hace unos meses, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, había afirmado que estaban trabajando en una medida de esta índole.

Sin embargo, luego lo relativizó y aclaró que, por el momento, sólo era una idea que estaba en debate en el sector.

iProfesional se contactó con el Enacom, desde donde señalaron que "tienen la problemática del contrabando en agenda", pero que hasta ahora "no hay ninguna legislación específica para avanzar" con el bloqueo de equipos ilegales.

"Por el momento, no se está actuando porque no hay ningún marco legal establecido", señalaron fuentes del organismo.

¿Por qué se dio marcha atrás con la medida? Frente a esta pregunta, desde una de las empresas señalaron –siempre bajo off the record- que "la idea generó fuertes encontronazos en el seno mismo del Gobierno y también provocó ciertos temores entre las operadoras".

"La razón es que que no quieren tener que empezar a lidiar con cientos de miles de clientes malhumorados que compran un teléfono nuevo y, de golpe, ven que está bloqueado y no se puede utilizar", señaló.

"Aunque los funcionarios digan que no, la lista blanca es un tema que sí está en agenda, sólo que tienen que lograr más consensos para poder aplicarla y no va a ser fácil", apuntó.