Por Héctor Rubini Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USAL

A fin de octubre pasado, el Banco Mundial publicó el informe “Doing Business 2018” que permite evaluar indicadores sobre regulaciones que estimulan o desincentivan las actividades empresariales en 190 países.

Los indicadores del reporte se focalizan en los procedimientos y trámites requeridos en cada país para que una unidad empresarial empiece a funcionar, obtener un local, acceder a financiamiento, llevar a cabo las actividades normales diarias sin interferencias, y contar con un entorno favorable para los negocios y las actividades empresariales.

Los indicadores considerados en el informe se focalizan específicamente en atributos relacionados con: a) iniciar una actividad empresarial, 2) obtención de permisos de construcción, 3) conseguir conexión a energía eléctrica, 4) registración de propiedad inmueble, 5) obtención de crédito, 6) protección de los accionistas minoritarios, 7) carga tributaria y trámites para cumplir con las obligaciones impositivas, 8) tiempos y costos para operatoria de comercio exterior, 9) tiempo y costos para resolver disputas comerciales y calidad de los procedimientos judiciales, 10) resolución de la insolvencia de una empresa y solidez del marco regulatorio aplicado, y 11) calidad de las regulaciones laborales.

Para los rankings internacionales el informe utiliza los 10 primeros para obtener un índice compuesto con valores entre 0 a 100. Mayor puntaje indica una mayor calidad del marco legal, con relación a facilitar el desarrollo de las actividades empresariales. Entre los diez países con mayores mejoras en un año en todo el mundo aparece sólo uno de América Latina y el Caribe: El Salvador, en el puesto 73º, con progresos visibles en materia de regulaciones sobre permisos para construcción, obtención de una conexión a energía eléctrica, normativa tributaria, y regulaciones que faciliten el comercio exterior.

A su vez, entre los países con progresos destacables entre 2016 y 2017 en materia de reducción de la complejidad y costos regulatorios, los de América Latina y el Caribe son minoría, frente a los del resto del mundo. Además de El Salvador, el informe presenta como casos destacables los progresos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Surinam, St. Kitts & Nevis y Uruguay. Argentina no figura entre esos casos. En 2017, además, no mostró cambios sustanciales respecto al año anterior: se encontraba en el puesto 116º, con 57,45 puntos, y en 2017 descendió un puesto, al 117º, entre las Islas Salomón y Ecuador, aunque con un puntaje levemente superior (58,11).

Algunas observaciones del informe son bastante desfavorables para nuestro país. En materia de permisos para construcción observa que entre 2016 y 2017 las regulaciones impositivas de la ciudad de Buenos Aires aumentaron los costos para obtener un permiso de construcción. En términos cuantitativos el reporte observa que esa “actividad” requiere 22 trámites que insumen hasta la aprobación un total de 347 días. No es casualidad que en ese indicador nuestro país se encuentre en el puesto 171º sobre 190 países.

Un puesto no muy diferente es el que ocupa respecto de las regulaciones tributarias: 169º. En particular aquí el informe observa que el pago de impuestos requiere para las empresas, en promedio, un total de 311,5 horas en el año, y el total de los impuestos y contribuciones pagados representa nada menos que el 106% de los beneficios empresariales promedio. Una forma de ver la competitividad relativa con otros países es la comparación de este indicador con los de otros países con los que nuestro país mantiene fluidas relaciones comerciales. El informe observa que en Brasil, por ejemplo, los impuestos y contribuciones representan el 68,4% de los beneficios empresariales, en Chile el 33%, en Colombia el 69,7%, en Paraguay el 35%, en Perú el 35,6%, y en México el 52,1%. Si tomamos otros fuera de nuestra región, miembros de la OCDE, o no, la comparación nos muestra muy alejados de los estándares “normales” del resto del mundo. En España dicha presión es de 46,9% de las utilidades empresariales, en Alemania, 48,9%, en Italia, 48,0%, en Francia, 62,2%, en Reino Unido 30,7%, en Israel, 27%, en Estados Unidos 43,8%, en Canadá 20,9%, en Australia 47,5%, en China Popular 67,3%, en Japón, 47,4%, y en Rusia, 47,5%.

Podemos seguir con varios otros, pero es muy claro que si no se cambia a tiempo se correrá riesgo de mantener o inclusive incrementar el sesgo hacia el aislacionismo de la administración anterior. No sólo se requiere un tipo de cambio real más alto, y menor costo de financiamiento, sino una sustancialmente menor presión tributaria, y una drástica reducción de los costos burocráticos innecesarios. Caso contrario, no habrá forma de atraer inversión real directa más allá de algunos rubros de mucha demanda externa. Es probable que una reducción de la presión tributaria se torne por demás difícil sin una reducción del gasto público políticamente difícil, pero algo habrá que hacer. El “Doing Business 2018” muestra claramente que lejos estamos ser un país atractivo, y que los esfuerzos para revertir este muy mal posicionamiento deberán ser mucho mayores y más ambiciosos que lo observado en los últimos dos años. Caso contrario, las metas o deseos de “lluvias de inversiones”, reducción de pobreza y mejora de nuestra competitividad quedarán reducidas a meras palabras, y no mucho más que eso.