Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada pidieron este martes a la Justicia que se cite a declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, por la presunta falta de control por parte del Estado Nacional en una trama delictiva ocurrida entre 2011 y 2015, en el Puerto de Buenos Aires, según se informó desde ese espacio político.

“Pedimos a la Justicia que cite a indagatoria a la expresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y al exministro del Interior y Transporte Aníbal Florencio Randazzo, ya que ellos eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto que es propiedad del Estado Nacional”, dice la presentación que se sorteó hoy mismo y recayó en el Juzgado Federal número 12, a cargo del juez Sergio Torres, que deberá instruir la investigación, según confirmaron a Télam fuentes del entorno de Carrió

Según consta en la denuncia, la expresidenta y el exfuncionario “eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto -el de Buenos Aires- que es propiedad del Estado Nacional”, durante 2011 y 2015, años en los que se registraron “maniobras de extorsión”.

Las legisladoras pidieron a la Justicia que se investigue el aprovechamiento de servicios y facilidades de titularidad, así como el uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el abuso de poder.

Según sostuvo Gregorio Hernández Maqueda, abogado de las diputadas, “sin la complicidad de estos funcionarios hubiese sido imposible para las terminales exigir el pago de los 85 dólares por contenedor en beneficio de una empresa privada como es APC S.A.”, que fue lo que se hizo durante esos años. Por eso, las diputadas también pidieron que la medida alcance a los directivos y socios de las empresas que llevaron a cabo las maniobras, entre ellos Daniel González, accionista mayoritario de APC S.A.

La denuncia requiere que se investigue el cobro bajo extorsión de un seguro para obtener un certificado denominado TAP (Transporte Argentino Protegido), que condicionaba el ingreso y egreso de contenedores sin ningún aval legal que lo estipule. Este certificado consistía en una póliza de seguro por daños parciales y/o totales ante posibles lesiones al contenedor, según se explicó.

El cobro del TAP se comenzó a exigir coercitivamente en 2011, como parte de un convenio entre las firmas Ivetra S.A (Instituto Verificador del Transporte S.A.), APC S.A (Administrative Processing Center S.A.), Bureau Veritas, la Cámara de Terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires, y la Cámara de Importadores de la República Argentina, pero sin el aval expreso del Estado Nacional, que, a través del Ministerio del Interior y Transporte, que encabezaba Randazzo, controlaba la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.), ente que tiene a su cargo el ejercicio del poder de policía sobre el ámbito portuario.

“El TAP sólo era ofrecido por APC S.A. y las terminales portuarias no admitían seguros contratados libremente por el importador/exportador, por lo que se avaló desde el Estado un monopolio de mercado”, indicó el abogado Hernández Maqueda.

Si se toma en cuenta que el monto de la póliza era de aproximadamente 85 dólares más IVA por contenedor, la estimación anual percibida en concepto del TAP fue de 51.000.000 dólares más IVA, en el periodo 2015/2016, según consta en la presentación.

Esto significó un incremento notable de los precios logísticos del comercio nacional, y afectó de manera directa la competitividad del comercio exterior argentino, según explicó el letrado, que recordó que aseguradoras privadas cotizan este seguro entre 7 y 8 dólares.

“Esto deja en evidencia que el TAP (comercializado exclusivamente por la firma APC S.A.) arrojaba una ganancia de aproximadamente 46.800.000 dólares anuales sólo en el Puerto de Buenos Aires”, concluyó.

Fuente: Télam