Son casi 3 millones por año los equipos que entran al país de forma ilegal. Se venden en plataformas de e-Commerce y locales del microcentro porteño. Fabricantes y cámaras reclaman soluciones al Estado que no percibe ingresos por la importación de estos productos. El contrabando ya representa 30% del mercado de smartphones

por FLORENCIA PULLA

El mercado argentino de teléfonos inteligentes mueve alrededor de 11 millones de unidades anualmente, pero un porcentaje cada vez más grande entra en forma ilegal al país, conformando una competencia desleal que afecta a las marcas relevantes del sector. Son, en total, unos tres millones de unidades que entran por año, a razón de 8000 por día, lo que representa 30% del mercado total de smartphones, según cálculos de distintas entidades.

Según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), que nuclea a las empresas que producen localmente, en 2015 ingresaban ilegalmente al país 1,5 millón de unidades. Para este año, se estima que ese volumen se duplicará, hasta alcanzar los tres millones.

Hoy, la penetración de telefonía móvil es del 140%. Es decir, que existe más de una línea activa por persona, lo cual habla de un mercado maduro en el que el mayor crecimiento se da por el recambio de equipos.

"El impacto en la industria es enorme. La demanda está planchada y corrigiendo el contrabando se podría revitalizar todo el mercado", explicó a Infotechnology Federico Hellemeyer, presidente de la organización.

Para muestra basta un botón: la cantidad de smartphones vendidos se mantiene estable hace años, pero los fabricantes locales hoy producen 9,5 millones de unidades en vez de los 11 millones que solían fabricar años atrás. "Es un share muy grande el que perdimos en manos del contrabando", se lamentó Hellemeyer.

Según datos de Afarte, entre enero y mayo de este año, las ventas de celulares cayeron 5% y las importaciones, 15%.

Por su parte, Germán Grecco, gerente general de Motorola Argentina, reforzó esa posición. "Trabajamos mucho para que los precios sean agresivos y en muchos casos no podemos competir porque la composición impositiva de un producto legal es alta. Esos smartphones (ingresados de contrabando) no pagan un peso al Estado y, además, arruinan la reputación de marca porque no tienen bandas habilitadas para funcionar acá o no tienen servicio de posventa", destacó.

Desde Samsung también hicieron especial hincapié en este último punto para incentivar la venta legal. "Trabajamos para generar valor agregado -aseguró Bruno Drobeta, director Comercial para la Argentina- porque si no estamos en franca desventaja. Por eso hacemos foco en el servicio, en la experiencia de compra y en ofrecer buena financiación y promociones", explicó.

El tema mantiene especialmente despiertas a las marcas que comercializan celulares de alta gama. Su preocupación no se centra en el llamado "hand carry"; esto es: los argentinos que van a Miami y se trae un celular en el bolso, como lo describen fuentes del sector.

Ese porcentaje del mercado, que a priori podría percibirse como significativo por la avalancha de turistas que viajan a los Estados Unidos, no es tal: solo representa 1% del total. "El problema es el contrabando tradicional. Son organizaciones con una capilaridad enorme. Para ingresar equipos se necesita espalda financiera y un lugar para guardarlos", confió un ejecutivo de una marca fabricante.

Según la percepción de Hellemeyer, es difícil estimar si existe o no una mafia organizada. "No hay inteligencia comercial sobre la operación ilegal. Pero son 8.000 por día y no son cuevas en una galería del microcentro. No es alguien que trae 30 celulares en la mochila", señaló.

Ante esta problemática, hay diversas soluciones que se están barajando entre los distintos actores involucrados: la Aduana, la secretaria de Comercio y el Ente Nacional de las Comunicaciones, Enacom. Entre otras posibilidades, se discute la creación de un "registro blanco" de IMEI - un número único que identifica a cada celular- para dejar fuera de juego a las unidades contrabandeadas, como ya se está haciendo con los celulares robados.

Se trata de un código que se emite por las redes una vez que se activa el teléfono móvil. De esta forma, cada marca sabe cuántos equipos están en uso en un país, el lugar de fabricación y dónde se vendieron legalmente.

"Es deber del Estado combatir esto porque se trata de un grave perjuicio fiscal", resumió Hellemeyer.