Ana Belén Ehuletche

Pensar el futuro del Puerto de Buenos Aires obliga a remontarnos dos décadas atrás, cuando se sancionó la ley de puertos Nº24.093 que permitió que todos los puertos de la Argentina sean transferidos a las provincias. El documento incluía una excepción, el de la ciudad de Buenos Aires, que por decreto se mantuvo en la jurisdicción federal.

Cuando era jefe de gobierno, Mauricio Macri, reiteró su pedido a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner para administrar el puerto que se mantenía en manos de la Administración General de Puertos (AGP). Con los jugadores alineados en un mismo equipo, a principios de este año se concretó el pedido formal de la Ciudad para gerenciar las aguas que están geográficamente en su órbita, por donde transita, aproximadamente, el 90 por ciento de los contenedores del país.

Mientras la Ciudad abre el diálogo para generar la ley que permita llevar adelante el traspaso a partir de 4 mesas de debate proyectadas para los próximos meses, desde el Ministerio de Transporte de la Nación, avalan los avances diagramados por la AGP para modernizar el puerto, y preparan los pliegos para licitar los espacios a partir del año próximo.

Haber discriminado al puerto porteño en la ley de 1992 impidió a las distintas administraciones de la Ciudad tomar decisiones en materia de urbanismo, calidad ambiental, tránsito o transporte. Entonces, actualmente los funcionarios porteños valoran que después de muchos años, con la alineación política, comenzaron a participar en el Consejo Nacional Portuario.

En vías de formalizar la transición, la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puerto de Buenos Aires lanzó junto con la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, el programa Dialogando BA, Ley de Puertos. Bajo esta metodología se prevé avanzar en la construcción de un proyecto de ley de Puertos para la Ciudad. Durante la presentación, en la nueva sede del gobierno porteño, se leyó una carta de Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, del Ministerio de Transporte de La Nación, quien valoró la iniciativa.

Luego, Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos, destacó la necesidad de obtener la mayor cantidad de insumos de los diversos sectores, para manifestar los puntos de conflicto, encauzarlos y generar consensos.

Y, Fernando Galetto, titular de la UPE Puerto de Buenos Aires, explicó por qué y para qué es importante una Ley de Puertos de la Ciudad. "En primer lugar para terminar de consolidar el traspaso del puerto, asumir deberes y obligaciones", dijo Galetto y agregó que también se busca cumplir con un requerimiento del Ministerio de Transporte de la Nación, "que solicita a cada provincia, incluyendo la Ciudad, tener su propia ley, con un registro de la actividad, luego dictaminar su autoridad portuaria y, por último, crear un plan portuario para tener una convalidación a nivel nacional de toda la estructura".

El programa abordará el puerto desde la geografía, los servicios mínimos, la situación de CABA -respecto de la explotación de puertos-, así como también las autorizaciones y sanciones y la autoridad portuaria.

En este sentido, Fernando Cabrera de la UPE Puerto, explicó que "la zonificación implica tanto el área actual como los espacios donde se puedan habilitar nuevos puertos, que podrían ser tierras ganadas al río". Respecto de los requisitos aclaró que se habla de los puertos que están regulados por la Ciudad: científicos, recreativos, deportivos y turísticos, locales, y especificó: "No los comerciales o industriales que están bajo jurisdicción de la Nación".

En este punto se detuvo y planteó como una alternativa que la Ciudad explote y administre los puertos comerciales o industriales dentro o fuera del territorio de la Ciudad. "Podría la Ciudad adquirir un territorio en la provincia de Buenos Aires y encarar un puerto en la medida que viera que la demanda de movimiento de cargas que requiere la ciudadanía esté insatisfecha", sostuvo.

Por último opinó que es imposible pensar que el puerto de Buenos Aires deje de tener un perfil comercial pero anticipó que "se busca también potenciar otras actividades como el turismo y generar espacios recreativos".

El cierre lo hizo Javier Guiridlian, abogado del consorcio del Puerto de Mar del Plata y fue contundente en su exposición. "Jurídicamente, no hay razones para que el puerto de la Ciudad siga en la órbita de la Nación", sentenció (ver aparte).

Más allá de lo formal

Fuera del Auditorio del moderno edificio del gobierno porteño, el debate continúo entre autoridades, empresarios y gremialistas. Algunos con entusiasmo celebraron la iniciativa, pero el sector empresario y los gremios no disimularon su escepticismo. Quienes trabajan hace años en el puerto saben que es "la principal puerta comercial de la Argentina", por eso les cuesta imaginar la administración en manos de un gobierno local.

Aunque las autoridades de AGP no participaron, sí estuvieron presentes los planes de modernización previstos y las concesiones que prepara el organismo que depende del Ministerio de Transporte de la Nación. El proyecto de Nuevo Puerto apunta a la mejora a partir de infraestructura y tecnología; se plantea con 2 terminales y se trabaja sobre varias alternativas que incluye una inversión de US$ 600 millones.

En diálogo con la nacion, Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, advirtió que "se está trabajando para lograr la mejor AGP posible, pero no está en debate, en este momento, la transferencia del puerto". El funcionario agregó que desde la cartera a cargo de Guillermo Dietrich, siguen el pedido explícito del presidente Mauricio Macri, de cumplir con todos los estándares internacionales para lograr que "el puerto de Buenos Aires, por donde circulan entre 80 y 90% de las mercancías, sea lo más operativo posible".

Metz descartó una transferencia en el corto plazo y explicó que son muchos los intereses en juego, que abarcan desde las inversiones hasta los puestos de trabajo.

"Que se queden todos tranquilos, el puerto no perderá su rol comercial ni se va a trasladar. Es un proyecto de vital importancia para todos los argentinos, por eso cada paso que demos se analizará para tomar decisiones en base al consenso", dijo.

Estas incertidumbres pusieron en alerta a los gremios portuarios que recientemente lograron firmar un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Transporte y de la AGP para mantener los puestos de trabajo ante las licitaciones en puerta.

"Esta acta garantiza la continuidad de todos los puestos de trabajo del Puerto de Buenos Aires en cualquier pliego de licitación que el Estado lance con cualquier operador portuarios", comunicó la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de Argentina (Fempinra).

Así y todo, Roberto Coria, secretario general del sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles opinó: "Es público que el Gobierno puso el foco en la logística y los costos laborales pero todo debe ser consensuado en mesa de diálogo, sino emergerá el malestar. Por eso nos mantenemos en un análisis minucioso del proyecto con nuestros técnicos".

"Sabemos que el puerto necesita ser modernizado -agregó-, y los trabajadores ser parte, pero no variable de ajuste de políticas como vemos que se están aplicando en la región". El dirigente de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT), puso como ejemplo los casos de Brasil y España, donde "la modernización elevó la conflictividad laboral por políticas precarizadoras".

Los hechos sugieren que mientras la Ciudad avanza con su proyecto de ley la Nación organiza la administración y las licitaciones de la zona portuaria.

Quizás en 2019, cuando se pongan en marcha las nuevas concesiones y se haya delineado el enfoque (comercial y turístico) se pueda avanzar en un consorcio donde, al fin, se haga efectiva la participación de la Ciudad en el manejo de sus vías marítimas.