En su declaración ante el juez Aguinsky, el empresario paraguayo detenido por contrabando agravado aseguró que “le dio nombres a Gómez Centurión para desbaratar la mafia de los contenedores”.

Mauro Federico

La llamada "mafia de los containers" quedó jaqueada por la investigación de la Justicia penal económica, que le propinó un duro golpe al desbaratar una banda que se dedicaba a falsificar documentación aduanera con el fin de "sacar a plaza" mercadería retenida en la Aduana. Uno de los detenidos, acusado de liderar la asociación ilícita es Oldemar Carlos Alberto Barreiro Laborda, conocido como "Cuqui". El acusado, a quien se lo vinculó con el titular aduanero Juan José Gómez Centurión declaró la semana pasada ante el juez Marcelo Aguinsky acogiéndose a la figura del testigo protegido y negó enfáticamente ser "amigo" del funcionario.

En su declaración, el empresario paraguayo relató que conoció a Gómez Centurión a mediados de enero de 2016 cuando lo visitó en su casa para solicitarle información relacionada con un sistema de seguridad para los contenedores, una especie de precintos que envían información sobre el movimiento de los mismos. Según el detenido empresario, Gómez Centurión le dijo que necesitaba comprar 25.000 para monitorear el área de fronteras y puertos y que contaba con un presupuesto de 150 millones de dólares. De acuerdo al testimonio -cuyo contenido trascendió durante el fin de semana- fue el propio Barreiro Laborda quien le explicó al jefe de la Aduana cómo funcionaba la estructura mafiosa dentro de la dependencia y que le requirió que se infiltrase para obtener información vital para desactivar a esos grupos delictivos y le "soplase" nombres. "El primer nombre que le di fue el de Eduardo Bernardi, el hombre que subía o bajaba el pulgar en todas las actuaciones aduaneras", dijo.

En otro fragmento, "Cuqui" detalló que para poder desarrollar ese sistema de alertas, tuvo que recorrer las instalaciones de la Aduana y que lo hizo acompañado por el exdirector de la dependencia Edgardo Paolucci.

Investigación compleja

La causa se basa en dos expedientes. Uno que tramitaba en el juzgado de Ariel Lijo por una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación y que motivó que el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, fuera apartado de su cargo durante varias semanas por decisión del presidente Mauricio Macri. Lijo derivó la investigación a Aguinsky por considerar que el asunto era de su competencia. En este juzgado penal económico había otro expediente, proveniente del juzgado de Luis Rodríguez por un tema de narcotráfico, donde había unas escuchas en las que hay referencias a contenedores en la Aduana.

Otro de los detenidos -el ex agente de inteligencia de la Fuerza Aérea Néstor Frega- declaró que por su función lo contactó Barreiro Laborda y que éste le dijo que había mantenido una reunión con Gómez Centurión en la que le había transmitido que podía ayudarlo a través del sistema de precintos que estaba en desarrollo y brindándole información sobre ilícitos o posibles delitos de contrabando. Frega le contó al juez Aguinsky que elaboró dos informes sobre posibles ilícitos que le entregó en mano a Barreiro Laborda.

Luego de haber sido separado preventivamente, el 13 de octubre de este año, Gómez Centurión fue repuesto en su cargo y negó enfáticamente haber trabajado con Barreiro Laborda. Aguinsky procesó con prisión preventiva a Barreiro Laborda y a otros imputados sospechados de cobrar coimas para liberar contenedores de la Aduana, con la supuesta colaboración de exfuncionarios aduaneros. En los autos de procesamiento, el titular del juzgado sostiene que el proceso investigativo "muestra cómo esos funcionarios enfrentaban con pasivo acatamiento las interpelaciones de Barreiro Laborda, mostrando una dócil e inadmisible obediencia a sus reclamos y convirtiéndose en gestores de sus intereses".

Los investigadores están convencidos que todavía no está cerrado el círculo y que la causa todavía deparará más novedades.