Iván Carrino

La Argentina es un país muy restrictivo en su comercio exterior. Con aranceles elevados, licencias no automáticas y obstáculos burocráticos hemos llegado a ser considerados uno de los más proteccionistas a nivel mundial.

Si medimos la apertura comercial como la suma de las exportaciones y las importaciones sobre el PBI, el país ocupa el puesto número 215 sobre 217 naciones con datos disponibles. Y según el índice de la Fundación Heritage, la apertura al comercio internacional deja mucho que desear. Ocupamos el puesto 144 en un listado de 181 países.


La llegada del actual gobierno generó un milimétrico cambio en este esquema. Si bien el equipo económico comparte las falacias acerca de la relación directa entre libre comercio y desempleo, lo cierto es que eliminó gran parte de los controles discrecionales a la importación y, recientemente, permitió mayor flexibilidad en las compras internacionales a través de Internet. Con límites, el sistema "puerta a puerta" volverá a funcionar. Esto genera las más encendidas reacciones de las agrupaciones empresarias que se ven amenazadas.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa difundió un comunicado con el que buscaba concientizar acerca de los riesgos que el sistema supondría para la industria y para el comercio local. A estos reclamos se sumó el lobby textil de la Fundación Protejer y la Unión Industrial Argentina, que advirtió que si no bajaba el ritmo de importaciones comenzaría a resentirse el empleo.


Dotados de buena organización interna, los industriales locales tienen la capacidad de expresar su voz para defender sus intereses particulares. ¿Pero quién defiende a los consumidores?

En el comunicado que alertaba sobre los riesgos de permitir el servicio "puerta a puerta" se mostraba lo que los consumidores argentinos podrían ahorrarse en la compra de ropa o electrónica gracias al libre comercio. Sin aranceles ni restricciones, el comprador local podría pagar hasta 78% menos por la indumentaria y hasta 60% menos por un teléfono celular.


Además de sindicatos y cámaras empresarias, hay una incontable cantidad de asociaciones y grupos de "defensa del consumidor". Pero jamás vi a ninguno abogar públicamente por una política de apertura comercial y libre importación. ¿No deberían hacerlo, dados los espectaculares beneficios que sus "defendidos" obtendrían por tener fronteras comerciales abiertas? Los beneficios no son sólo para el consumidor. Lo que ahorremos por comprar más barato dejará más dinero para consumir otros bienes o para ahorrar, lo que bajaría la tasa de interés y dotaría de mayores facilidades a los emprendedores nacionales.

Comprendemos los beneficios del comercio cuando lo liberamos entre Buenos Aires y La Pampa. Nos falta extender un poco más el razonamiento.

Analista económico de Inversor Global