por AGUSTIN BARLETTI Buenos Aires
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En el puerto de Bahía Blanca, no tomaron nota de la expresión popular del 25 de octubre, ni de la próxima asunción de un nuevo gobierno provincial el próximo 10 de diciembre. Tres días antes del acto eleccionario que cambió el color político bonaerense, en el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca se designó por tres años a siete de los nueve miembros de su directorio. La nueva gestión provincial solo podrá nombrar al presidente y al representante por la municipalidad y quedará en evidente minoría para implementar sus políticas en la materia.
Entre los designados, se eligió a un representante de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) en el puesto que debiera representar a las empresas prestatarias de servicios portuarios, marítimos y de apoyo a la navegación. Esa silla, por la ley provincial 11.414, le pertenece a la Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca.
Ante tal arbitrariedad, Walter Veppo, presidente de la Cámara envió una carta documento a Víctor Stephens, director de Asuntos Administrativos de la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires. En la misiva, de fecha 30 de octubre, se intimó a la autoridad a que regularice esta situación bajo apercibimiento de iniciar acciones penales". Al cierre de esta edición, los abogados de la Cámara se preparaban para el inicio de la acción judicial según lo normado por el artículo 248 del Código Penal, junto a una acción contenciosa administrativa y medida cautelar innovativa.
Mientras tanto, el equipo de gobierno en el rubro puertos que asumirá responsabilidades junto a María Eugenia Vidal, ya elaboró el proyecto de resolución que dejará sin efecto la designación de la Unión Industrial de Bahía Blanca. La misma norma, designará en su lugar a otro dirigente como integrante del directorio del Consorcio, en representación de la Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca.
Muy rápido
En el puerto de Mar del Plata, la situación no es muy distinta. En agosto del 2012, tras el fallecimiento de su presidente, Eduardo Pezzati, se disolvió el directorio del Consorcio Portuario Regional. Luego seguirían dos años de intervención cargo de Matías Machinandiarena, hasta que, en noviembre del 2014, fuera reemplazado por Jorge Hidalgo. Lo que la subsecretaría de Actividades Portuarias bonaerense no hizo en tres años, se apuró en ejecutar 40 días antes del cambio de gobierno. La repartición que conduce Jorge Otharán, terminó con la intervención, y eligió por tres años a 9 de los 11 miembros del directorio.
"Estoy en contra de este directorio y vamos a formar uno nuevo cuando asuma María Eugenia Vidal", amenazó Carlos Arroyo, intendente electo de Mar del Pata.
Emiliano Giri, ex jefe de campaña y hombre de confianza de Arroyo, fue más allá. "Buscaremos la forma de dar de baja al actual directorio por vía administrativa. Lamentablemente, el puerto se ha transformado en un botín de guerra donde no vienen para aportar soluciones sino para ver qué se pueden llevar".
Ante este panorama, varios de los directores designados analizan no asumir sus cargos. El primero en expresarse en tal sentido fue Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval. En las últimas horas, su gesto republicano estaría siendo imitado por varios de sus pares.
El futuro intendente anticipó que apoya el trabajo en tierra y se presentó como un "policía de la ley". Asimismo se mostró entusiasmado con que cambie el actual estado de situación. No quiero empresarios quebrados pero tampoco deseo obreros pobres. Soy un servidor público, no un funcionario". También garantizó la realización de las obras de dragado. "Ya están comprometidos los recursos, y contamos con el financiamiento del BID para extender la Escollera Sur y construir dos espigones en el espejo interior".
La nueva administración comunal marplatense tendrá como eje de gestión a la Dirección de Pesca y Puertos que dependerá de la Secretaría de la Producción.
Está claro que las designaciones realizadas en el directorio del Consorcio portuario de Mar del Pata son legales. El actual gobierno debe ejerce el poder hasta el último minuto por mandato constitucional. Lo cuestionable es la oportunidad en la que fueron realizadas porque, a imagen de lo que sucederá con Bahía Blanca, dejarán en minoría al nuevo gobierno provincial que está a punto de asumir.