La Nación
29 de Septiembre de 2015
Jorge R. Safe. El autor es especialista en comercio exterior y despachante de aduana

La década de los 90 dejó en la Aduana la coexistencia de dos tipos de procedimientos para ejercer el control: los que respetan el Código Aduanero y aquellos que lo soslayan. Un buen ejemplo de esta dualidad se da con el despacho directo a plaza (DAP), el más ágil y económico de los regímenes de importación incorporados a la ley N° 22.415. Su artículo 279 es claro: impone al servicio aduanero la obligación de aceptar los despachos presentados dentro de los cinco días hábiles anteriores al arribo del medio de transporte. La ley procura así un control documental previo que permita otorgar el libramiento de la mercadería inmediatamente después del arribo. El ahorro para el importador es enorme, especialmente cuando utiliza la vía acuática.

El artículo continúa vigente. Podría interpretarse entonces que el despachante puede hoy presentar un DAP antes del arribo del buque y evitar los enormes costos de las terminales portuarias. Pero no es posible. La Aduana, firme con la decisión que tomó en 1995, no permite presentar el despacho dentro del plazo que la ley impone.

Desde una óptica estrictamente económica, el DAP tenía claros ganadores y perdedores. Entre los primeros se encontraban importadores y despachantes de aduana. En cambio, a partir de la desregulación y las concesiones portuarias (1992), el régimen privó a los permisionarios aduaneros (terminales) lucrar con las cargas. Evitaba gastos de almacenaje, movimientos, seguridad, precintado, administrativos, coordinación, cargos primarios, secundarios, etc.
Fueron normas aduaneras las que cambiaron los roles de ganadores y perdedores. Así, al mismo tiempo que los beneficios para los importadores y despachantes disminuyeron, se incrementaron para las terminales portuarias y los agentes de transporte aduanero (ATA).

Si bien las resoluciones ex ANA 2439/91 y 2535/92 marcaron algunas pautas del régimen que continúan vigentes, fueron las modificaciones a la resolución ex ANA 630/94 –especialmente las impuestas por su similar 699/95– las que lo desvirtuaron definitivamente. Entre las instrucciones más controvertidas que emanan de esta última se encuentra aquella por la cual, 20 años después, la Aduana continúa impidiendo que el DAP se formalice antes de la entrada del buque. Obliga a oficializarlo una vez arribado y sólo después que el ATA registre el manifiesto de carga o, en su caso, el manifiesto desconsolidado. Sin más, el plazo de la ley se convirtió en una figura decorativa del régimen.

Pero los problemas para el DAP continuaron. A través del anexo 4 “C” de la Resolución ex ANA 699/95, la Aduana permitió que el ATA responsable del manifiesto desconsolidado pudiera presentarlo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrada del buque (plazo que incrementó notablemente los costos de la importación directa a plaza y, como se describe en la continuidad del relato, podría generar competencia desleal entre despachantes de aduana).

En 2001 el régimen tuvo la oportunidad de volver al marco de la ley, cuando la Dirección de Técnica de la Aduana emitió una opinión teniendo en cuenta la plena vigencia (al igual que hoy) del artículo 279 del Código Aduanero. Estaba destinada a funcionarios que trabajaban en la gestión aduanera para el registro y la presentación de los manifiestos: advirtió que, de ningún modo (incluidos los actos relacionados con la desconsolidación), se podía privar al importador de las facilidades previstas en la ley para importar en forma directa a plaza. La opinión no fue suficiente.


Decadencia acelerada
Dañado por las normas de los 90, la decadencia se aceleró en estos últimos años. Imprevistamente se incorporó al sistema informático Malvina (SiM) un bloqueo que aumentó aún más la estadía de la mercadería en los predios fiscales, especialmente cuando son amparadas por manifiestos desconsolidados. Actualmente, contra toda lógica normativa, el sistema impide oficializar una importación directa a plaza con el buque arribado y con el manifiesto registrado (sea de carga o desconsolidado). Detiene la gestión con el siguiente mensaje: “-1- [1] Oficializado () - El manifiesto debe estar presentado”.
No es una novedad que ese bloqueo impida oficializar el DAP dentro del plazo de la ley. Pero llama la atención que tampoco permita hacerlo como se dispuso en el anexo 4o “C” de la resolución ex ANA 699/95. Esta norma estableció que podía ser oficializado con el manifiesto (de carga o desconsolidado) en estado “Registrado”, sin la necesidad de que haya sido presentado. Entonces: ¿Quién, cómo y por qué incorporó al SiM la obligación de oficializar el DAP con el manifiesto presentado? Las respuestas se encuentran a estudio de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros.
Desde fines de los 90 se investigan casos del régimen donde se presumen costos excesivos, actos contrarios a la ley y discriminación entre operadores (por ADGA-2000-408683 aún tramita una solicitud para que la DGA se avoque al tema). Actualmente, debido al mencionado bloqueo en el SiM, también se estudian procedimientos con manifiestos desconsolidados que pudieron derivar en una competencia desleal en el despacho aduanero.

La Aduana intenta averiguar si algunos ATA, que también son despachantes (o tienen vinculación con despachantes) presentan manifiestos desconsolidados –con mercadería que luego despacharían– en el primero de los cinco días hábiles posteriores a la entrada del buque autorizados por la resolución ex ANA 699/95 (dejando para el cuarto o quinto día hábil la presentación de otros manifiestos del mismo buque con mercancías a despachar por terceros). Si esas diferencias se comprueban, podrá saberse si las mercaderías amparadas por los manifiestos presentados el primer día fueron declaradas por DAP y liberadas sin cargo de almacenaje. También, si los despachantes relacionados con los manifiestos presentados el cuarto o quinto día se vieron imposibilitados de retirar la mercadería de las terminales dentro de los controvertidos cinco días corridos exentos de almacenaje, contados a partir del día siguiente al arribo del buque. En el despacho aduanero, las diferencias que evitan costos amplían carteras de clientes (ver aparte).
Los beneficios y la equidad del régimen quedaron en el pasado. Ya no es económico, tampoco transparente, pero aún hay esperanzas de cambio. Podría darse supliendo las normas de los 90 por otras que permitan a todos los importadores presentar el despacho dentro de los cinco días hábiles anteriores a la entrada del medio de transporte. Como marca la ley. Claro está, sin bloqueos irrazonables a la gestión informatizada. De lo contrario, continuarían la dualidad del control aduanero y las diferencias entre los administrados.

ACLARAR

A falta de constancias escritas, la Aduana debería aclarar si al registrar los DAP con fecha anteriores al arribo del buque exceptúa por tipo de mercaderías (especialmente combustibles) y/o importadores y/o despachantes. Si lo hace, sería un acto de transparencia dar a conocer las razones y cómo se desbloquea el SIM